Logo de Eduardo Sanchez Rugeles: Historietas, fraudes y mudanzas

Entre el anonimato y el olvido: la tragedia de los presos políticos venezolanos

Posted on 1st Jun 2018

El miedo a las represalias impuso sus argumentos. Las conversaciones con la señora K. en torno al asalto y el arbitrario encarcelamiento de su hijo se interrumpieron de repente. Cuando, semanas más tarde, retomamos el contacto, agradeció mi interés por su historia, pero me advirtió que habría preferido permanecer callada. La posibilidad de que su testimonio, en lugar de visibilizar una situación inaceptable, empeorara las posibilidades del cautivo y convirtiera al resto de su familia en un blanco fácil para los forajidos del barrio era bastante alta. “Por favor, no diga nada. No escriba nada. Todos estaremos mejor si no contamos lo que nos pasó”. No volvimos a conversar.

Durante mucho tiempo, esta entrevista incompleta, este relato truncado, permaneció abandonado sobre mi mesa de trabajo. A pesar de mis intentos por darle un giro a los sucesos con el fin de salvaguardar la integridad de los testigos, la firme decisión de la señora K. anuló mis dilemas. Los últimos sucesos, sin embargo, el alzamiento de los presos políticos del Helicoide y las denuncias sobre las condiciones infrahumanas de su hacinamiento, me obligaron a rescatar aquella conversación perdida y abordarla de otra manera.

El anonimato es una necesidad revolucionaria, un salvoconducto, un permiso para vivir sellado por la nomenklatura. La historia de la señora K. es parecida a la de muchas madres venezolanas, por lo que el relato sobre los sucesos que llevaron a su hijo malherido a los interiores de la nueva Rotunda pueden interpretarse como un hecho colectivo, protagonizado por un personaje plural, de rostros múltiples, que hace apenas unos días, de manera conjunta, ostentó una fe de vida desde los calabozos del Helicoide.

A mi hijo lo lanzaron en una cloaca

La señora K. crió a su familia en tiempos de Revolución. La presencia de ‘colectivos’ en el barrio ejercía un control férreo sobre la militancia de los vecinos, quienes, ante el temor a las represalias, convirtieron los sentimientos de disidencia en un asunto privado. La infancia de los hijos transcurrió sin aspavientos, pero la adolescencia no tardó en sentirse inconforme. La viva curiosidad por las concentraciones de jóvenes que, de manera creciente, expresaban su descontento contra el gobierno de Nicolás Maduro exacerbó los ánimos del primogénito. Las consignas maternas perdieron eficiencia, los consejos adultos parecían necedades e impertinencias. La Plaza Altamira se convirtió en un punto de encuentro. El mismo niño que, hacía apenas unos meses, corría por las playas de Cumaná durante las vacaciones estivales y pasaba las noches aferrado a los mandos de los videojuegos, reconocía, de repente, haber adquirido un irrevocable sentido ciudadano. Renunció al bachillerato sin pesar. Para complacer a su mamá, se inscribió en un parasistemas, aunque era consciente de la pérdida del tiempo. La educación como tal no parecía tener mucho sentido en un país en el que la falta de oportunidades y el clientelismo político se mostraban como las únicas alternativas de futuro. La señora K. confiesa las angustias que sentía cada vez que su hijo llegaba tarde a casa, apaleado y sin sus pertenencias, aferrado a sus pancartas y a su bandera rota. El muchacho se había convertido en un líder aguerrido, enamoradizo, su nombre se hizo popular entre los combatientes de la vanguardia, pero también para los celadores del barrio, custodios celosos de la Revolución.

La señora K. vio por televisión cómo a su hijo le disparaban a quemarropa. La imagen estaba pixelada, pero no le costó reconocerlo. Un oficial de la Guardia Nacional levantó su fusil y, sin inmutarse, le sembró una bala en el cuerpo. La peregrinación por los centros de salud fue agotadora y angustiante. No había información. Nadie sabía nada. Un funcionario amable, sin embargo, le hizo seguimiento a su caso y, horas más tarde, la llamó para decirle que su hijo había sido trasladado a la enfermería de un importante destacamento. Comenzó, entonces, la nueva travesía. El lugar estaba lleno de gente, los arrestos de las últimas semanas rebosaban el recinto de jóvenes incendiarios; familiares mortificados y periodistas intrépidos exigían atención y noticias. Una persona le informó que su hijo no estaba ahí, que había llegado muy malherido, por lo que lo habían trasladado a un hospital cercano. A la señora K. y a su hija las montaron en un jeep y las condujeron por carreteras sinuosas, oscuras, entre una decena de militares iracundos. La tensión continuó al llegar al dispensario. La señora K. fue testigo de una discusión álgida. El médico de turno se negó a firmar un parte en el que se informaba que el muchacho se había provocado la herida de manera accidental, en una caída. El militar hablaba fuerte e intimidaba con su manoteo la eticidad del otro. “¡Fíjese usted! Hasta las armas salieron a relucir en esa pelea”, comentó intranquila, tiempo después. En medio de la discusión, se propuso encontrar al joven en los pasillos colapsados del hospital. Lo encontró ensangrentado y bañado en aguas negras, con la mugre y la sangre coagulados en el rostro, en medio de un olor insoportable. “A mi hijo lo habían lanzado en una cloaca”.

Máscaras de supervivencia

Desde allí, los enviaron a otro hospital en el que pudieran atenderlo. No había suficientes insumos, ni antibióticos, ni personal, ni voluntad humana para reparar las extremidades heridas. Tampoco permitieron que la familia viajara junta. Si la señora K. quería trasladarse en la ambulancia con el muchacho, tendría que dejar a su hija sola, bajo la custodia de los gendarmes, alternativa que le generaba zozobra. Frustrada, decidió que fuera la joven la que acompañara a su hermano. Ella, sin recursos, exhausta y abatida, buscaría otra manera de llegar. En el nuevo centro médico, idéntico al anterior, la recibió una médico cubana. De manera brusca, sin tacto profesional, se acercó al joven y le arrancó la franela que le servía de banda protectora de la lesión, lo que provocó el salto de jirones de piel, a la par de una hemorragia marrón y amarilla. No habían lavado la zona, ni usado ningún antiséptico. La infección fue inevitable. El hijo de la señora K. gritaba frente a ella, se le veía el hueso, el músculo quebrado. Cuando lograron estabilizarlo, volvieron a trasladarlo al destacamento, bajo la custodia de, por lo menos, 50 guardias nacionales. “Sí, 50. Y no exagero. Mi hijo no había cumplido los 18 años y lo trataban como un peligroso delincuente”. Las últimas entradas del WhatsApp son breves y concisas: “¿Está bien así lo que le estoy contando?”. “A veces tardo en responderle porque comienzo a escribir y no aguanto las ganas de llorar”. “Y falta aún muchísimo”. “Esta historia es muy larga”. Y, de repente: “¿Sabe qué?, lo he estado pensando. Por favor, no diga nada, mejor no escriba nada. Todos estaremos mejor si no contamos lo que nos pasó”.

Años después, el hijo de la señora K. continúa preso, sin juicio definido, sin cargos, sin veredicto, con la esperanza a cuestas y la desesperación familiar convertida en rutina doméstica. Como la masacre de los trabajadores de la Bananera en la vieja Macondo, a muchas personas les gustaría pensar que esto no ocurre en Venezuela y que nunca ocurrió. La tragedia de los presos políticos es una realidad que, lamentablemente, en medio del cataclismo revolucionario, no hace suficiente ruido ni se le da la importancia que merece. La historia de la señora K. está basada en sucesos reales. Su miedo legítimo, su temor sano (humano) frente a la vileza del poder, me obliga a no citar nombres propios, ni lugares concretos, ni fechas, a disfrazar la realidad con máscaras de supervivencia y convertir la vida cotidiana en el fragmento más ominoso de una novela gótica.